Aquí tenéis el artículo publicado en Berria el 3 de junio de 2021 https://www.berria.eus/paperekoa/1885/007/001/2021-06-03/itunak-bete-egin-behar-dira.htm
“Desde que el Partido Popular perpretó la reforma laboral del año 2012 las condiciones de los trabajadores han emporado notablemente. La necesidad de acabar con una reforma lesiva para quienes, con su trabajo sostienen este país, sigue siendo una realidad.
Hace un año EH Bildu, PSOE y Unidas Podemos firmaban un acuerdo donde se comprometían a derogar íntegramente esa reforma laboral. Esta derogación “deberá ser efectiva antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno en materia económica y laboral derivadas de la crisis originada por el covid-19”. Un año más tarde parece que esa derogación íntegra es más un deseo que una realidad.
Pero ¿qué supondría la derogación íntegra de la reforma laboral?
Supondría la finalización de la prioridad de los convenios de empresa frente a los sectoriales. Se recuperaría también la ultraactividad de los convenios, pudiendo prorrogarse estos no sólo durante un periodo de 2 años sino hasta que se produzca la firma de uno nuevo; impidiéndose así que los derechos logrados en un convenio colectivo no se desvanezcan hasta que exista otro. Los descuelgues salariales, que ya aparecían en la reforma laboral de 2010, pero que fueron reforzados en 2012, también desaparecerían; garantizando de esta manera los derechos económicos de los trabajadores e impidiendo a la empresa hacer recortes salariales por debajo de lo aprobado en el convenio. La obligatoriedad de autorización de la autoridad laboral volvería en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Las subcontratas quedarían limitadas, puesto que las empresas ya no podrían subcontratar a otras empresas para tareas correspondientes a su actividad principal.
Y finalmente, la derogación de la reforma laboral dificultaría el despido. En primer lugar, porque la indemnización que se debería abonar a los trabajadores se incrementaría notablemente pasando de 33 días por año trabajado con un límite de 24 mensualidades a 45 días por año trabajado con un límite de 42 mensualidades. En segundo lugar, porque volverían los salarios de tramitación, es decir, el empresario debería abonar al trabajador los salarios dejados de percibir desde el momento del despido hasta el momento de la sentencia judicial.
Nueve años después de esa reforma que sólo perjudica a los trabajadores ha llegado el momento de derogarla íntegramente para recuperar derechos perdidos. “Pacta sunt servanda”. Los pactos están para cumplirse. Y cuanto antes se haga mejor.”